Ecologistas en Acción denunció ante el Ayuntamiento de Alcantarilla y la Comunidad Autónoma la destrucción de flora y vegetación protegida en un plan parcial industrial, denominado “PARQUE EMPRESARIAL SAN ANDRÉS”.
El Ayuntamiento de Alcantarilla y el promotor del Plan Parcial, conocían previamente con todo detalle la existencia de esa vegetación protegida, pues así lo advirtió expresamente un informe de abril de 2021 de la Dirección General del Medio Natural.
En octubre del año pasado, Ecologistas en Acción denunció ante el Ayuntamiento de Alcantarilla y la Comunidad Autónoma la destrucción de flora y vegetación protegida en un plan parcial industrial, denominado “PARQUE EMPRESARIAL SAN ANDRÉS”. Se estaba sepultando la vegetación natural, junto a la Autovía del Mediterráneo, incluyendo hábitats naturales de interés comunitario y especies de flora silvestre catalogadas como “vulnerables” según un Decreto autonómico.
Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Alcantarilla y el promotor del Plan Parcial ya conocían previamente con todo detalle la existencia de esa vegetación protegida, pues así lo advirtió expresamente un informe de abril de 2021 de la Dirección General del Medio Natural, incluido en el expediente de evaluación ambiental al Plan Especial urbanístico de la zona, tramitado por el Ayuntamiento de Alcantarilla.
Como consecuencia de dicha denuncia, la Dirección General de Medio Natural impuso una sanción calificada como GRAVE por infracción de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, consistente en "La destrucción, muerte, deterioro, (…) de especies de flora y fauna catalogadas como vulnerables".
Ecologistas en Acción denuncia ahora que no se ha tramitado ni aprobado la evaluación de impacto ambiental, ni del Proyecto de Urbanización del Plan Parcial, ni de su modificación como consecuencia del Plan especial. La Ley española de evaluación ambiental y la Directiva europea exigen que todos los proyectos de urbanización industriales sean sometidos a evaluación de impacto ambiental, requisito cuya ausencia los hace nulos de pleno derecho.
Ecologistas en Acción viene advirtiendo de todo ello al Ayuntamiento de Alcantarilla, mediante sucesivos escritos enviados en octubre, noviembre y diciembre del año pasado, solicitando asimismo copia de los expedientes urbanísticos y ambientales, sin recibir respuesta a ninguno de ellos.
Ante la obstrucción omisiva del derecho de participación y la ocultación de información por parte del Ayuntamiento, Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia denunciando por indicios racionales de presunta criminalidad, material y/o administrativa, pública y/o privada, por acción u omisión, que se derivarían de la destrucción de hábitats y especies de flora catalogada, que estaban previamente identificadas por la Dirección General del Medio Natural en un procedimiento de evaluación ambiental municipal, por lo que conocían su existencia, así como por la aprobación, sin la preceptiva y previa EIA, de la modificación un Proyecto de Urbanización, a sabiendas de su necesidad.
Se da la circunstancia, además, de que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcantarilla aprobó definitivamente -sin la preceptiva EIA- la modificación del Proyecto de Urbanización el 17 de enero de 2023, mientras que las obras de la primera fase del centro logístico, incluido en el polígono industrial, fueron recepcionadas oficialmente el pasado 12 de septiembre de 2022[1].
La ley de evaluación ambiental prohíbe taxativamente el inicio de un proyecto sometido a evaluación ambiental, y es claro que para la ejecución del centro logístico, se han precisado, al menos, de accesos provisionales; estos no hubieran sido posibles de haberse sometido a evaluación ambiental, y hasta que la misma no se hubiera resuelto.
Según Ecologistas en Acción, existen indicios racionales de que se hayan adoptado, decisiones orientadas presuntamente a beneficiar el desarrollo industrial, en el cual se encuentra el macroproyecto logístico, mediante la aceleración de los trámites urbanísticos, prescindiendo de la preceptiva evaluación ambiental del proyecto de urbanización.
En definitiva, donde hubo vegetación protegida por la Ley que fue roturada ilegalmente, ahora hay un centro logístico cuyos accesos han sido ejecutados gracias a que no se sometió el proyecto de urbanización a una evaluación de impacto ambiental como exige la Ley, mientras el Ayuntamiento de Alcantarilla calla, lo que ha obligado a esta Asociación a acudir al amparo de la Fiscalía para que los ciudadanos puedan tener la oportunidad de recibir las explicaciones que los responsables administrativos les niegan.
